La alta morosidad, cercana a los 25 millones de pesos, entre los adjudicatarios del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), dio lugar a que las autoridades del organismo comiencen a enviar cédulas de color rojo a los evasores para que regularicen su situación antes de iniciar el cobro por vía judicial.
La intención es recuperar una cartera con un total de 1.458 deudores y mediante esas notificaciones están citando a los ocupantes de inmuebles. Le otorgan un plazo de cinco días hábiles para que aparezcan por las distintas delegaciones que posee el ente de vivienda.
El año pasado, al mismo grupo se lo convocó mediante notificaciones de color amarillo, haciéndole conocer el estado de deuda. «Algunos aparecieron y regularizaron planes, y si bien hay gente que se acogió a los planes de pago (con facilidades) a otros se le cayó el compromiso por motivos que desconocemos»; explicó a «Río Negro» la directora de Recupero, Marina Romero.
El IPPV viene planteando como estrategia la política de promoción del recupero de cuotas con la finalidad de restituir a las viviendas el valor real que le atañe como espacio vital y de realización familiar, a la vez de permitir la reasignación de los fondos para la implementación de nuevos planes y soluciones habitacionales.
Romero insistió en la idea de «volver a incluirlos dentro de una conducta de pago» dado que «debemos responder a la sociedad que no tiene viviendas». Aclaró que «nosotros no sabemos de quién es la culpa del no pago, pero sí se plantea la situación y en caso de que no se pueda cancelar, hay un grupo de ‘cartera social’ que permite la realización de una encuesta para que la persona pueda acreditar enfermedad o falta de empleo».
Esta barrida entre la cartera de evasores (algunos de planes de viviendas entregados 20 años atrás con montos de 100 pesos mensuales) representan deudas correspondientes a 48 cuotas impagas, es decir el organismo no verificó aun planes de menor volumen de morosidad al estar recién en una primera etapa de recuperación de cartera. Las cuotas de los planes actuales rondan los 700 pesos mensuales.
En este marco, el IPPV está ofreciendo la devolución de créditos que implican flexibilización en el compromiso a asumir.
Aquel que no aparezca por las delegaciones es pasible de que se le aplique el artículo 13 de la ley Nº 4.842, en vigencia desde el año pasado, y que habilita el cobro judicial de las acreencias, intereses, recargos y multas por incumplimiento practicando la vía de apremio. El texto incluido en la nueva norma del Plan de Amortización de Vivienda, completa en el capítulo relacionado con el Cobro Judicial de Acreencias que los juicios a iniciarse se tramitarán ante los Tribunales Ordinarios de la provincia, siendo competente para entender en las causas la Justicia de Primera Instancia o de Paz Letrada, según corresponda, de acuerdo con el monto de la deuda a reclamar.