Desarrollo Social avanza lento con la regularización. Weretilneck resiste la incorporación de otras 191 personas.
El gobierno rionegrino concretó el traspaso de 41 becas a contratos, un trámite que todavía esperan otros 228 trabajadores.
Desarrollo Social apartó de esta discusión a otros 191 contratos requeridos, que el gobernador Alberto Weretilneck no avaló inicialmente.
En principio, el proceso viene demorado ya que sólo se formalizó un 15% del listado acordado hace cuatro meses. Además, el discutido sistema de becas sociales no debía extenderse más allá de julio. Desarrollo Social informó que en agosto transferirán la «mayor cantidad posible».
Esta transformación a contratos se acordó en mayo, después de la fuerte polémica por el crecimiento de esos aportes por parte de Desarrollo Social. Ese ministerio disponía de 963 beneficiarios en septiembre y, en pocos meses, en la gestión de Ernesto Paillalef creció a 1.464 becados. Luego, se repasó y se redujo la nómina a 269 trabajadores precarizados, tras lo cual Weretilneck confirmó su inclusión laboral con contratos y dispuso la eliminación del sistema, a partir del 30 de junio. En julio se dispuso su prórroga porque no se habían concluido los trámites.
En la última semana, Desarrollo Social informó del pase de 41 becas sobre un total de 269 beneficiarios, lo cual representa un 15% del número acordado en mayo por el Consejo de la Función Pública.
En su información, Desarrollo Social no avanzó en precisiones de otros 191 contratos solicitados a Weretilneck, que se resistiría incorporar en la discusión de los becarios. El sábado, en diálogo con «Río Negro», Paillalef aseguró que ese listado «es suplementario» para «reforzar a distintos programas instrumentados para adolescentes y niños», «con nuevos agentes, algunos que todavía no ingresaron».
Por su parte, el gremio ATE defendió parte de esa nómina aunque su formalización aún se discute en el ámbito gubernamental. En un comunicado, ese gremio –que lidera Rodolfo Aguiar– expresó que el ingreso de 41 becas es un «importante avance» pero «aún se está lejos de cumplir con el anuncio hecho público», en referencia que se terminaría con «el sistema de becas». «No se cumple en los tiempos esperados y acordados», dijo. Agregó que faltan 233 trabajadores y, además, hay que «sumar una nómina adicional pendiente de autorización», de los cuales, ATE dice que «unos 90 empleados prestan servicios efectivamente» de los 190 requerimientos. Así resta –concluyó– «el pase de cerca de 350 trabajadores», y finalizar un sistema que «fue precarizador del empleo público» y «una caja negra de fondos».
Anteriormente, la cartera de Paillalef resaltó el inicio de un cronograma de pase a contratos para «establecer una política transparente de contrataciones»
