El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo condenó a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El delito es por abuso de autoridad, al habilitar irregularmente un cabaret. Está obligado a apelar: si no lo hace, la sentencia quedaría firme y debería dejar el cargo en los próximos días.
Su defensor, Armando Agüero, dijo a Diario Textual que en la condena a Bravo se violó el principio de legalidad. Presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal -quien recientemente confirmó la condena de primera instancia- para que lo habilite a recurrir a la Corte de la Nación. Incluso, si le niegan esa posibilidad, podría ir en queja al máximo organismo nacional.
El delito del jefe comunal, según los jueces provinciales, es haber habilitado irregularmente al cabaret El Rancho (donde se prostituía a mujeres). Por esta causa original fue condenado a prisión al proxeneta y tratante Javier Ulrich.
No fue condenado de haber habilitado ilegalmente un prostíbulo o un local donde luego se comprobó que se ejercía la prostitución: lo condenó porque incumplió la ordenanza 052/02 del concejo deliberante ya que lo habilitó, por ejemplo, con fallas edilicias, carencia de seguros por accidente y falta de planos de agua, gas natural y cloacas.
Bravo había dicho que solo había puesto la firma a unos documentos, sin saber exactamente lo que firmaba, luego de que lo hicieran otros dos funcionarios (uno de ellos secretario). Los magistrados -tanto en primera instancia, como en el Tribunal de Impugnación y el Superior Tribunal- respondieron que no podía desconocerlo.
La situación judicial de Bravo es delicada. Si se confirma la condena, deberá dejar el cargo inmediatamente. Además, le llueven las acusaciones y desde el año pasado que está desfilando por los juzgados.