El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, no concurrió ayer a la audiencia judicial en la que iba a ser formalizado de que se lo investigará por malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes en el marco de una causa por el “vaciamiento” de la Cooperativa de Servicios Públicos (COOSPU). Bravo argumentó que no fue notificado por el Poder Judicial y por ese motivo no concurrió ayer a los Tribunales de General Acha.
Es la segunda vez que ocurre lo mismo. El pasado 31 de marzo, Bravo tampoco concurrió. Ahora, la Oficina Judicial deberá ponerle una nueva fecha a la audiencia y notificar al intendente. El fiscal Alejandro Masó pretende impulsar la investigación contra Bravo por el “vaciamiento” de la COOSPU. El juez de Control es Héctor Freigedo.
La denuncia fue realizada por dieciséis asociados a la COOSPU -vecinos de la localidad- patrocinados por el abogado Omar Gebruers. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Susana Álvarez el 10 de junio de 2013, por diversos hechos protagonizados por los miembros de la conducción de la COOSPU, un grupo allegado al intendente.
La denuncia apuntaba al presunto vaciamiento económico de la COOSPU, mediante “el endeudamiento con la Administración Provincial de Energía por falta de pagos de las facturas mensuales de energía eléctrica, entrega indiscriminada y en condiciones especiales, a distintas personas, de electrodomésticos que estaban para la venta, pagos de grandes sumas a algunos proveedores sin haber recibido la Cooperativa contraprestación alguna”, según apuntaron los denunciantes.
Explicaron que “se acreditaron pagos por $ 600.000, con dos facturas emitidas por una persona física, inscripta como monotributista -con ventas anuales inferiores a $ 24.000-, cuya actividad económica era parapsicóloga y agencia de acompañantes”.
También se denunció, que “mediante un acuerdo celebrado entre el intendente municipal y la conducción de la COOSPU, el municipio cedía las regalías petroleras que recibiera a la Cooperativa, para la ejecución de obras que considerara necesarias”. Agregan que “esta última fue una maniobra para “privatizar” importantes montos de fondos públicos, evitando el control de los organismos del Estado, licitaciones públicas, etcétera, dándoles a los mismos un destino diferente al previsto originalmente”.
