Seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para el exgobernador de Río Negro. La causa se inició por no abrir paso a la investigación contra un funcionario. Apelará.
VIEDMA | A Miguel Saiz «no le quedaba otro camino más que iniciar una investigación sumaria» contra su exfuncionario, Gabriel Savini, para determinar si había incurrido en incompatibilidad, violando la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública, al ser titular de Edhipsa y además secretario de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas.
Así lo consideró ayer el camarista Guillermo Bustamante, al condenar al exgobernador a seis meses de prisión en suspenso y 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por encontrarlo responsable del delito de abuso de autoridad, al no haber actuado de acuerdo a esa normativa luego de que la exdefensora del Pueblo, Ana Piccinini, realizara en mayo de 2010 una denuncia ante él, como titular del Poder Ejecutivo, por la supuesta vulneración de la ley 3550.
Bustamante, destacó además que Saiz tendría que haber notificado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en un plazo no mayor a 24 horas del inicio de esa investigación interna.
El exgobernador radical fue sentenciado durante una audiencia en la que se leyó la parte resolutiva, con la presencia del defensor Miguel Cardella. El exmandatario y el fiscal de Cámara, Hernán Trejo no concurrieron.
La denuncia contra Saiz fue realizada por Piccinini quien aseguraba que Savini incurría en una incompatibilidad al ejercer esas dos funciones. Por ello, interpuso una presentación para que el gobernador iniciara un sumario en el marco de la Ley 3550 de Ética e Idoneidad de la Función Pública. La exsecretaria Legal y Técnica del gobierno de Saiz, Silvia Jáñez, respondió aquella nota diciendo que no correspondía iniciar sumario.
Para Bustamante «no le era posible -a Saiz– sortear la norma como lo hizo» y al haber tenido una denuncia fundada de terceros –en este caso Piccinini– en los términos de la ley 3550 «no le quedaba otro camino más que iniciar una investigación sumaria» notificando a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en un plazo no mayor a 24 horas.
El magistrado consideró además que «Saiz, en relación con Savini y su calidad funcional, era el único obligado a proceder conforme lo ordenaba la ley 3550, ya que la ley de ministerios ponía al secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales bajo su exclusiva dependencia».
Aseguró además el juez que en su presentación Piccinini «describía ampliamente porqué advertía la incompatibilidad sosteniendo que la misma nacía de la circunstancia de que Savini en su doble calidad era en sí mismo controlante y controlado».
Bustamante agregó que «en el momento de declarar –Saiz– dijo lo que entendió conveniente a su descargo y lo hizo sin restricciones, sostuvo afirmaciones que a mi entender poco tenían que ver con su defensa técnica mas no se le impidió que las dijera… esa misma conducta debió haber tenido Saiz ante la presentación de la entonces defensora por más desagrado que la misma le hubiese generado, su función así lo obligaba».
Al evaluar la pena, el magistrado determinó que el hecho de que fuera el gobernador quien cometió el hecho, le otorga mayor gravedad institucional por lo que consideró justa la condena de seis meses de prisión en suspenso y 12 meses de inhabilitación.
Un párrafo merecieron los dichos de Saiz en el cierre de su defensa. «En todo momento se propuso minimizar la imputación aludiendo a otros asuntos. Llegó incluso a manifestar que si era condenado pondría a la sentencia en un cuadrito junto a su título de abogado, intendente, legislador y gobernador», recordó en sus fundamentos el juez. Y concluyó que «quizá esta investigación no tuvo como fin último descubrir la verdad real en un caso de corrupción de una magnitud inusitada donde hubieran millones de pesos en juego, pero debo rememorarle al imputado que los jueces estamos para impartir justicia en todos los casos, incluso éste».