El TIP ratificó la decisión del juez Ralli. El intendente de 25 de Mayo fue condenado por abuso de poder a raíz de que habilitó el prostíbulo «El Rancho».
El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, quedó en situación política más complicada, a partir de que el Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena por abuso de poder, a raíz de que habilitó el funcionamiento de un prostíbulo. Cuando esa sentencia quede firme -al jefe comunal le queda la posibilidad de acudir al Superior Tribunal de Justicia- debiera dejar el cargo.
En nombre del TIP firmaron el fallo Verónica Fantini y Pablo Balaguer, quienes ratificaron la decisión del Juzgado de Instrucción y Correccional 6, a cargo de Néstor Daniel Ralli, que condenó a Bravo el 12 de marzo del año pasado.
El planteo en nombre de Bravo lo hicieron los abogados que lo representan, Armando Agüero y Gastón Gómez.
El magistrado le aplicó una pena de 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación (tal como había pedido la fiscala Cecilia Martini), y consideró el accionar de Bravo especialmente grave por su condición de abogado y de intendente, y por el hecho de que su accionar permitió que en el cabaré “El Rancho” se concretara posteriormente el delito de trata de personas.
“Esa conducta de Bravo, habilitando el cabaré ‘El Rancho’, a sabiendas de que no reunía los requisitos mínimos exigibles legalmente, circunstancia que surgía palmariamente del mismo expediente, exterioriza que no se trató de una mera falta de cuidado, sino que obró con conocimiento y voluntad al momento de firmar. Ello configura el accionar doloso que la figura requiere”, señaló el juez.
La sentencia redondeó: “Emitió una resolución contraria a la legislación vigente, ello en ejercicio de la autoridad que corresponde a su función, es decir que tomó una decisión que constituyó una resolución ejecutiva con carácter formal, consumándose el ilícito en el mismo instante de su dictado (…) el acusado afectó directamente el funcionamiento de la administración pública y ello significó una afectación indebida en la sociedad en su conjunto que ha confiado en el mandatario la preservación del orden institucional”.
Conocida la condena, Bravo dijo: “Yo respeto a los jueces y a la Justicia, pero el mamarracho judicial que han hecho la doctora Martiní y el doctor Ralli es una barbaridad jurídica. Hay algo que no entiendo: yo estudié Derecho, debo haber cursado las mismas materias que él (el juez)… Ralli fue el último tipo en asumir a juez. Se debe haber llevado alguna materia, no está permitida la analogía en el Derecho Penal… no se apartó de lo que dijo la fiscala. Pero es parte de lo que tenemos y es lo que hay que respetar. Nosotros, como no lo respetamos -se contradijo-… de ningún modo voy a aceptar las barbaridades que dijo la doctora Martiní y en lo que ha hecho hincapié seguramente Ralli, que tampoco creo que haya ido al lugar del hecho, que es una barbaridad como juez”.
El juez Daniel Ralli consideró en su sentencia que “ese incumplimiento de los deberes de funcionario público (del que culpó al intendente David Bravo) fue de extrema gravedad porque justamente la conducta realizada permitió la habilitación del cabaré, lugar donde se cometieron graves delitos de conformidad con los elementos probatorios remitidos por el Juzgado Federal de esta ciudad. Ello produjo una consecuencia muy importante, lo que no podía ignorar en virtud del carácter ejecutivo que detentaba y de las herramientas que poseía para efectuar los controles correspondientes a efectos de tomar conocimiento de lo sucedido”, aseveró.
Añadió que “para mensurar la pena a imponer debe tenerse en consideración la carencia de antecedentes computables según informe de reincidencia obrante en autos, no solo su condición de intendente de la localidad, por lo tanto el mayor responsable de hacer cumplir las normas en ese aspecto, sino además que Bravo es una persona mayor de edad, tiene estudios universitarios en derecho, es abogado, por lo tanto tenía mayor posibilidad de adoptar otra conducta y aún así no lo hizo”.
“Además, su participación fue fundamental porque sin su firma no se podía habilitar el cabaré en cuestión”, remarcó.
