El extitular y el excontador de la obra social, Luis Wyss, más complicados en la causa por obras de refacción.
La Justicia confirmó los procesamientos contra el extitular del Ipross, Alcides Pinazo, y del excontador de esa obra social, Luis Wyss.
Se les imputa «fraude a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta, en concurso ideal con abuso de autoridad» por considerarlos responsables de los hechos investigados que habrían acontecido en la sede del Ipross en Viedma entre mayo de 2008 y diciembre de 2010, con motivo de la tramitación de distintos expedientes correspondientes a supuestas tareas de refacción, pintura y mantenimiento de edificios dependientes de la obra social en distintas localidades de Río Negro, en momentos en que Pinazo ejercía la presidencia de Ipross y el contador Wyss en la secretaría General Administrativa de ese organismo.
La sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma integrada por los jueces Jorge Bustamante, Eduardo Roumec y Juan Bernardi rechazó los recursos de apelación interpuestos por Néstor Larroulet y Hugo Lapadat contra los procesamientos dictados por Favio Igoldi en octubre del año pasado.
Para Bustamante «la maniobra defraudatoria consisitió en incorporar en los pedidos de precios o cotizaciones y contrataciones directas, presupuestos falsos atribuidos a distintos empresarios o proveedores de servicios de la provincia y la posterior contratación directa».
En ese marco detalló que «los imputados introducían presupuestos falsos como referentes de precios para luego contratar directamente con Olave por montos superiores a los fijados por Ley». Bustamante aclaró que la contratación directa hubiera sido posible en los casos fijados por la normativa que expresamente habla de «adoptar toda medida de urgencia y actuar en todos aquellos asuntos que, siendo competencia de la Junta, no admitan dilación, si no fuere posible convocar a sesión extraordinaria, dando cuenta de aquella en la primera reunión». Agregó que «no se han comprobado tales urgencias y tampoco justificaría la emergencia la falsedad de los presupuestos.»
El camarista consideró que en esta etapa procesal es correcta la resolución del juez de Instrucción de considerar probable la existencia histórica de los hechos imputados y la responsabilidad de los encartados.
