25 DE MAYO | El abogado Omar Gebruers, representante de la querella en la causa en la que se investiga el supuesto vaciamiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo, presentó durante la semana pasada un escrito ante el fiscal general Jorge Amado. En él solicita «el apartamiento de los fiscales intervinientes» a raíz de una «virtual paralización» de la causa y la «omisión de actos procesales». Además plantea la posible aplicación de sanciones.
Gebruers deja sentado en la presentación que pese a los varios escritos por él elevados en la causa, son mínimas las acciones ordenadas desde el Ministerio Público Fiscal, cargando responsabilidad fundamentalmente sobre los fiscales Alejandro Masó y Juan Bautista Méndez designados por el fiscal general para llevar adelante esta investigación.
La causa tiene como principal acusado al intendente de 25 de Mayo, David Bravo (con mandato hasta diciembre), y cinco concejales que en algún momento estuvieron cerca del jefe comunal. Se trata de la unificación de dos denuncias, una iniciada en 2012 por un grupo de ediles opositores, según la cual una ordenanza del CD aprobó un convenio entre la municipalidad y la Coospu para transferirle fondos a la cooperativa a fin de realizar obras, con lo que se avalaría el uso de fondos públicos sin el debido control. Otra de 2013, patrocinada por Gebruers e iniciada por varios asociados que denunciaron irregularidades y maniobras de vaciamiento económico de la entidad solidaria. Escrito.
En su nueva presentación, Gebruers despliega un detallado informe de la cantidad de escritos por él elevados en la causa y las pocas o nulas acciones emprendidas desde la Fiscalía. Y advierte: «La prolongada demora e inacción de ese Ministerio Público Fiscal estaría facilitando o permitiendo la continuidad en la comisión de las actividades delictivas denunciadas». Dice, además, que «se estarían generando la condiciones necesarias para facilitar la fuga e impunidad de los agentes autores del accional delictivo».
El pedido concreto al fiscal general Jorge Amado consta de cuatro puntos: 1) tener presente los hechos relatados; 2) disponer «las medidas correctivas a su alcance para impulsar la acción pública a cargo de la fiscalía»; 3) «en caso de considerarlo pertinente», disponer «el apartamiento de los fiscales intervinientes, designando a los que les sigan en el orden de subrogancia»; y 4) disponer la «implementación de los correspondientes sumarios internos y la aplicación de las sanciones que correspondan».
