El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, tiene una nueva causa judicial en su contra. Mientras que a comienzos de julio el Tribunal de Impugnación Penal ratificó la condena de siete meses de prisión y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de «abuso de autoridad» por habilitar de forma irregular un cabaré, ahora la Justicia Federal lo acusa de favorecer la trata de personas en otro comercio similar.
En ese sentido, el fiscal federal Juan José Baric imputó y pidió la indagatoria de Bravo y otras once personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Los otros acusados son el secretario municipal Alberto Rubén Ferreira, la contadora María Celia Luases y el inspector Roberto Ramón Barros (los tres funcionarios de la comuna); los encargados de los cabarés Venus o Bar Karjbjan (o Caribean) Mayerlin Núñez Castillo, Evelyn Calderón Carballo, José Luis Carpio Caraballo, Teresa De La Rosa y Bryan Arnaldo Paradis Carballo; los comisarios Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarce; y el juez de Faltas Armando Rodríguez y Figueira Huergo. Por el caso, ya estaba imputada Nurys Caraballo Castillo, dueña de los «comercios» y hoy detenida en la Unidad 13 y procesada, junto a otros dos hombres, por el mismo delito por abrir un cabaré en General Pico.
Acusación contra Bravo.
El intendente fue acusado de ser partícipe necesario por haber colaborado de alguna forma de manera activa desde afuera en la concreción de un delito. Esta vez no se lo acusó solo de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que tuvo algún grado de participación. De hecho, el jefe comunal habilitó un local nocturno en el que se ejercía la prostitución, a sabiendas de cuál era su actividad. Baric indicó en su resolución que en septiembre de 2010 se había aprobado la ordenanza 26/10 que prohibía la habilitación de cabarés, night clubs o whiskerías dentro de 25 de Mayo. Esto fue refrendado por Bravo por lo que la decisión política de erradicar ese tipo de comercios «habla a las claras (de que) la presencia de lugares como los investigados en la localidad era sabida por todos». Pero en enero de 2011, Bravo extiende la vigencia de la habilitación del cabaré Venus «claramente a sabiendas de que ello era ilegal, borrando de esta manera con el codo, lo que firmó poco más de tres meses antes con la mano. Convirtió así en letra muerta aquella noble disposición», indicó el fiscal federal. Además, el local «era altamente dudoso y hasta la persona más distraída habría notado que algo mínimamente extraño ocurría en el local» ya que había sumado denuncias, allanamientos y hasta salido publicado en la prensa. Sin embargo, «Bravo no hizo nada al respecto, sino que le permitió a una persona, sobre quien él sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro ‘negocio’ en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando una actitud que supera holgadamente la negligencia o la desidia».
En conocimiento.
A fines de 2011 se abrió un expediente en la Justicia Federal a raíz de un llamado anónimo a la delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones, indicando que había una joven dominicana trabajando en contra de su voluntad en Venus. Luego se supo que la mujer de 30 años se había ido a Chile. El cabaré fue allanado. El 1 de febrero de 2012, el mismo día en que el local Venus fuera cerrado, Bravo emite otra resolución en la cual habilitaba en el mismo lugar el «Restó Bar Karjbjan» a nombre de la misma mujer. Tanto el primero como el segundo pertenecían a Nurys Caraballo Castillo, y sus familiares -tres hijos y una sobrina- eran quienes lo regenteaban. Baric indicó que ya había comenzado la investigación sobre los delitos cometidos en el local Venus, por lo que «el conocimiento del intendente sobre esta investigación no está en duda». Cabe recordar que Bravo fue condenado por el titular del Juzgado de Instrucción y Correccional 6, Néstor Daniel Ralli, el 12 de marzo de 2013 por haber firmado en 2008 la resolución 340 que permitió la apertura del cabaré «El Rancho», donde se registraron casos de trata de personas, pese a que no se encontraba en condiciones de ser habilitado. Hoy el fallo está recurrido. El fallo imputó además al juez de Faltas Rodríguez y Figueira Huergo también como partícipe necesario, a los comisarios Rosane y Oyarce de encubrimiento, a los tres funcionarios municipales de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos y a los cinco encargados de los dos locales como partícipes.
