25DE MAYO | Cinco concejales de la oposición en 25 de Mayo denunciaron ante la Justicia provincial al intendente David Bravo por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» porque no se terminó la obra de la nueva planta de agua de la localidad anunciada en 2012. La presentación no es una novedad, ya que se calcula que hubo más de quince denuncias sobre el jefe comunal durante sus dos períodos, además de una condena por abuso de autoridad y tres imputaciones en diferentes causas.
Los ediles José Pineda, Ricardo Poyo, Luis Romero, José María Zapata Fernández y María Mercedes Pineda presentaron la denuncia ante el fiscal veinticinqueño, Alejandro Masó. Allí expresaron que el 24 de agosto de 2012 el Ejecutivo municipal publicó la licitación 1 de ese año para la «Ampliación Sistema de Distribución de Agua Potable» por un monto de 8.114.128,76 pesos y la apertura de las propuestas fue el 13 de septiembre.
El plazo de la obra era de 18 meses, sin embargo, a casi tres años, la construcción de la nueva planta de agua potable no fue terminada. El 26 de septiembre de ese año, el bloque del PJ presentó una nota solicitando información sobre la obra, lo que fue aprobado por unanimidad por el CD. El 17 de octubre el pedido ingresó a la municipalidad, pero, según indica la denuncia «el Departamento Ejecutivo nunca respondió el pedido de informes». «Deliberada». El 10 de julio de 2014, CD volvió a solicitarle que en un plazo de 10 días enviara copia del expediente 36/12 sobre la licitación pública de la planta. En tanto, el 19 de marzo de este año se aprobó por mayoría -siete votos contra una abstención- al Ejecutivo comunal que en un plazo de 48 horas informe del avance de las obras a esa fecha y la proyección de ejecución para su finalización. Tampoco el municipio respondió en ese momento.
En esa resolución se consideraba que ante el no cumplimiento del pedido, se iba a formular denuncia penal «por incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La presentación ante el fiscal Masó indicó que «en atención a lo anterior, la conducta reiterada y deliberada del Departamento Ejecutivo negándose a cumplir con una obligación legal estando debidamente intimado, constituye un incumplimiento de los deberes de su cargo, que debe ser investigado por esta fiscalía».
