«La causa, en investigación preliminar»
25 DE MAYO | El fiscal Alejandro Maso Mendiburu, responsable del Ministerio Público Fiscal de 25 de Mayo, dijo que la denuncia realizada por concejales contra el intendente David Bravo y la empresa Vial A SA por supuestos sobreprecios en dos licitaciones públicas está en marcha. Masó, en diálogo con LA ARENA, señaló que técnicos judiciales están analizando las pruebas presentadas para determinar la existe o no la configuración de delitos.
El 29 de junio, el fiscal Masó recibió la presentación de los concejales José Pineda, Ricardo Poyo, José Zapata, Nicanor Romero y Pamela Avalo, quienes acusaron a Bravo de sobreprecios en varias obras públicas. De acuerdo a la denuncia judicial todo se inicia con la aprobación del Presupuesto 2015 mediante una ordenanza aprobada el 6 de enero. Allí, dentro del plan analítico de obras públicas figuraban dos: las refacciones del cementerio y del Salón de Usos Múltiples.
Los ediles se mostraron sorprendidos cuando el 10 de marzo, en este diario, la Municipalidad de 25 de Mayo lanzó un llamado a licitación pública en la que los montos oficiales eran significativamente superiores a los aprobados en el Presupuesto. La obra de refacción del cementerio tenía un presupuesto aprobado de un millón de pesos mientras que la licitación tenía un monto de 5.188.904,96, es decir in incremento de 409%. Por su parte el presupuesto autorizado para la refacción del SUM era de 2.500.000 pesos, y en la licitación figuró 7.353.542,41, lo que significa un aumento de 194%.
Por Presupuesto para ambas obras está aprobada una inversión de 3,5 millones, pero se licitaron por unos 15 millones, lo que indica unos 11,5 millones de incremento a las previsiones presupuestarias enviadas por Bravo al Concejo.
Respuesta.
Ante la publicación de la demanda, el jefe comunal dio su versión a través de Radio Municipal, asegurando que se trataba de «una burda maniobra política» de sus opositores. En un comunicado de prensa aseguró que le respondió al Concejo dos pedidos de informes. En el primero con una «pormenorizada lectura de la normativa que rige los procesos de contratación de obras públicas, de la Ley de Municipalidades, que certifican que las actuaciones administrativas se ajustan estrictamente a derecho».
Luego se refirió a la segunda nota girada al CD. Allí aclara que «las obras fueron autorizadas por el CD mediante ordenanzas, o sea que el Ejecutivo tiene facultades para licitar».
Sostuvo que «la reestructuración de las partidas, producto de la modificación del monto original, se realiza tal cual lo previsto en la Ley. De todo ello se desprende que el Ejecutivo dispone de facultades otorgadas por la Ley de Municipalidades, por lo que queda claramente certificado que los procedimientos administrativos y licitatorios se ajustan estrictamente a derecho».
Bravo indicó que decidió dar marcha atrás con estas polémicas obras. Aseguró lo hizo tras perder las internas, para permitir autonomía de decisiones a la próxima gestión municipal. «Con fecha 17 de julio, mediante el dictado de las resoluciones 400/15; 401/15 y 402/15, se dejaron sin efecto las licitaciones públicas 1/15; 2/15 y 3/16», comunicó. Investigación.
Masó ayer dio algunas precisiones de la marcha de la demanda de los ediles. «El Ministerio Público en general tiene un departamento especial constituido por contadores que trabaja en apoyo en investigaciones preliminares en las que los fiscales nos apoyamos para determinar su hubo delito y en tipificar responsabilidades en ese caso. La denuncia que acusa a Bravo está aún en esa instancia», confirmó.
El fiscal argumentó que el expediente se está moviendo normalmente. «La causa mantiene una mecánica de tramitación normal. Giramos el material al cuerpo especial y todavía no hemos recibido el informe que es vital para la investigación», reveló.
«Acá hay una demanda -de los concejales- y en consecuencia estamos actuando, debemos determinar si existen indicios de que hubo un aumento desmedido del costo de las obras en cuestión. También si -los acusados, Bravo y la empresa- pueden justificar o no esos incrementos», agregó.
Masó pidió prudencia. «Estamos actuando a derecho y es muy aventurado hablar de las actuaciones. Debemos movernos en base a sustentaciones legales y siempre respetando los derechos constitucionales de todos», concluyó.