Alberto Weretilneck , mandó expresamente a desalojar a comunidad Mapuche, crianceros y ambientalistas de Sargento Ocon. Los problemas de contaminación, bien gracias.
CATRIEL | Ayer el Comando Especial de Choque de la Policía de Rio Negro desalojó a los crianceros, miembros de las comunidades mapuches y de la fundación Ambiental Acción Sustentable “por expresa orden del gobernador” de acuerdo con lo que manifestaron miembros de las propias fuerzas. Una vez que se fueron los uniformados retomaron el corte.
Ya por la mañana de ayer, la Justicia rionegrina había ordenado, a más de veinte policías, que cortaran los candados de las tranqueras de los crianceros de Sargento Ocon, para habilítales el paso a los operarios de la petrolera Petrolifera Petrolium del grupo canadiense Gran Tierra Energy. La orden judicial fue respalda por la subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental a cargo de Rodrigo Romera Bueno.
Las comunidades de los Pueblos Originarios y Crianceros, afirman que lamentan la actuación mediática y farsante que ha tenido la provincia en pos de calmar y engañar a la opinión pública, puesto que clausura el yacimiento quince días atrás, luego de constatar gravísimos derrames y daños ambientales que han afectado hasta el dique-embalse Casa de Piedra y ahora, “por arte de magia” levanta la sanción como si alguna situación en los campos se hubiese modificado.
También destacan que les parece excesivo y lamentable que se use la fuerza pública y el grupo más especializado de la Policía para hacer abuso de poder, sobre ciudadanos comunes que pacíficamente están en la orilla de las tranqueras de sus propios campos.
Hasta ahí el comunicado de prensa ONG.
Sin embargo, una vez que se retiraron los uniformados, los propietarios de los campos hicieron irse a los operarios y volvieron a cortar los caminos hacia el yacimiento, asegurando que se paralizaría nuevamente la producción.
La orden de desalojo llegó desde el Juzgado 5, Civil, Comercial y de Minería de Roca; a cargo de las juezas Andrea de la Iglesia y Selva Aranea, y llevado adelante por una comitiva de al menos 10 efectivos policiales de la Unidad 9, encabezados por el comisario Gustavo Paillalef.
Según se informó oficialmente «sólo se acató la orden, por lo que procedimos a leer el acta, cortamos los candados y permitimos que ingrese el personal», dijo una fuente policial.
Por otra parte, Silverio García, dueño de las tierras donde se llevó a cabo la medida, manifestó que «hace más de dos años que estamos en esta lucha y vamos a seguir. Cuando la provincia clausuró el área al ver las condiciones en las que trabajaban, por primera vez nos sentimos representados; pero otra vez no nos queda más que pensar que lo único que quieren es quedar bien ante la opinión pública, mientras que lo único que le importa es producir a costa de lo que sea; sin importarle los derechos de los rionegrinos ni de nadie, ni si se mueren los animales o si nos morimos nosotros», enfatizó.
Después de que volvieron a cerrar las tranqueras, dijeron que «aunque no lo quieran reconocer, nosotros somos los legítimos dueños de la tierra y acá no van a pasar más hasta que no haya una buena convivencia basada en el respeto y en el cumplimiento de la ley», dijo Nilda Figueroa.
En igual sentido, «los miembros de la fundación Acción Sustentable lamentamos que una empresa multinacional le haya torcido la voluntad a un gobernador elegido por la democracia», resaltó Francisco Anaya, presidente de la ONG.*
*Fuente: rionegro.com.ar
