CATRIEL | La Cámara Segunda en lo Criminal realizó tres debates en la ciudad de Catriel. En el primero el Fiscal de Cámara, Gustavo Herrera, retiró la acusación, mientras que en las restantes se llegó a acuerdos para evitar el juicio. Los delitos eran, abuso de armas, circunvención de incapaces (captación de su voluntad para obtener un beneficio) y exhibiciones obscenas en concurso real con abuso sexual simple reiterado Detalles en seguir leyendo
En la primer audiencia – en la que se juzgaba un caso de abuso de armas – el Fiscal de Cámara, Gustavo Herrera, decidió retirar la acusación entendiendo que no existía prueba suficiente para condenar al imputado de apellido Leguizamón. Según sostuvo el Fiscal en conjunto con Analía Díaz, Fiscal Adjunta con asiento en la ciudad de Catriel, la denunciante adujo al momento de hacer la denuncia que Leguizamón había disparado un arma, pero lo cierto es que el resultado de la prueba de dermo (que indica presencia de pólvora y otros materiales en la mano) practicada al imputado que fue detenido en las inmediaciones de lo sucedido resultó negativa.
Por otro lado, los únicos testimonios válidos para la causa eran los de la denunciantes y su sobrino quienes no asistieron a la audiencia prevista a las 9 de la mañana para intentar fortalecer la prueba. Hererra solicitó entonces la absolución del encartado y desde el Tribunal se adelantó que la sentencia sería a tal efecto.
En el segundo debate, el Ministerio Público Fiscal y el defensor particular de la víctima llegaron a un acuerdo para realizar un juicio abreviado. Esta modalidad contempla que el imputado reconozca el hecho y acepte la pena que el fiscal propone, entendiendo que esta sería reducida en algún porcentaje. Según se informó en la audiencia, el hecho a juzgar era de exhibiciones obscenas en concurso real con abusos sexual simple reiterado, ya que habría sucedido en dos oportunidades. El arreglo que contó con el aval de la víctima resultó en tres años de prisión en suspenso, una multa de una suma cercana a los $1000, reglas de conducta generales y la realización de las horas de trabajo comunitario que fije el Tribunal.
En el tercer caso, en el cual se investigaba una circunvención – un tipo de estafa en la cual la víctima es un incapaz – también se llegó a un acuerdo para finalizar la causa a través de un criterio de oportunidad. De esta último participó además del Fiscal de Cámara el defensor de pobres y ausentes de la ciudad de Catriel, Nicolás Scagliotti, quien actuó como defensor de menores e incapaces.
Según trascendió, Amurrio tenía la posesión de un lote con una casa precaria mientras que la imputada – quien fue acusada de aprovecharse de la inexperiencia y la incapacidad de la víctima al momento de realizar una transacción en el inmueble – se lo compró y edificó en el lugar dos departamentos de un dormitorio. El acuerdo contemplaba que quien resultó acusada cobrara el alquiler de los dos departamentos que había construido, mientras que una vez cumplido ese periodo la acusada le entregaría todos los documentos de la compra de la propiedad renunciando a los derechos de la transacción realizada en su momento.
Por su parte, el defensor de menores e incapaces subrogante, Nicolás Scagliotti, solicitó que se especifiquen determinados puntos a fin de evitar posibles conflictos civiles. Asimismo, el defensor se comprometió a representar a Amurrio y a su curadora en caso de necesidad en oportunidad realizar el trámite de escrituración del terreno que en este momento se encuentra registrado en favor de la Municipalidad local.
“A fin de pacificar, este Ministerio Público entiende que un criterio de oportunidad es la mejor opción para solucionar este problema”, afirmó Herrera.
