Un medio privado ha muerto y otro –distinto en esencia– ha nacido.
Con la renegociación de los contratos petroleros con la empresa Petrobras, Río Negro inició una etapa trascendente. Una verdadera oportunidad histórica para remediar décadas de atraso en infraestructura de servicios públicos que dificultan la competitividad de su economía privada, motor de ingresos estatales y de empleo genuino.
Por: ALICIA MILLER
No se ha dado a conocer un programa integral que permita avizorar la mejora en la conectividad eléctrica, vial, de comunicaciones, ni la modernización de un sistema de salud pública que cada día se muestra obsoleto.
Al contrario, desde el propio Estado se transmiten señales que sugieren que los 100 millones de dólares que ingresarán como canon fijo por esta renegociación serían destinados a reemplazar las partidas de inversión en infraestructura ya previstas, para que el dinero liberado en consecuencia pueda ser dedicado a pagar el creciente gasto público en personal y funcionamiento.
De ser efectivamente así, el gobierno no tomaría en cuenta las consecuencias que una plantilla sobredimensionada acarrearía para el futuro de la Provincia. Sobre todo, si los funcionarios superiores –pocos o muchos, con más o menos sueldo– no tienen la capacidad y la formación intelectual necesarias para orientar las instituciones a una mayor eficiencia y actualización.
Cuando estamos a un año de la realización de elecciones en la provincia, todo parece estar orientado ya a un objetivo proselitista.
Así se vio esta semana.
El jueves, el acto central por el Día de los Trabajadores de la Mesa Sindical rionegrina tuvo al gobernador Alberto Weretilneck como invitado especial.
El mandatario lució a sus anchas, rodeado por el coordinador de esa agrupación gremial, el legislador Rubén López, y dirigentes de Uocra, el Sindicato de la Fruta, el de la Madera, de Empleados de Comercio, Petroleros Jerárquicos, Uatre, UPCN, Soyem y de la Sanidad.
Llegó a Fernández Oro con el ministro Marcelo Mango, el presidente de la Legislatura –Ariel Rivero–, algunos funcionarios, ocho intendentes y los diputados nacionales Herman Avoscan y Luis Bardeggia. Entre los jefes comunales que asistieron, varios han mantenido diferencias notables con el mandatario, como el de Catriel –Carlos Johnston– y el de Cipolletti, Ariel Baratti.
En cuanto a las ausencias, fueron igualmente notorias: no estuvieron los intendentes de Roca, Martín Soria, ni María Eugenia Martini de Bariloche, aunque sí Ramón Chiocconi, presidente del Deliberante. Tampoco el senador Miguel Pichetto, aunque su adhesión al acto fue evidente.
Con un homenaje a Carlos Peralta, Weretilneck buscó mover el «peronómetro», como lo hizo hace dos años al anunciar que se afiliaría a ese partido, lo que no hizo. Además, apuntó a cerrar las heridas abiertas por quienes –como la viuda del fallecido vicegobernador– impulsaban que Pedro Pesatti –y no Rivero– ocupara el cargo vacante.
Como fuere, el acto del jueves resultó una demostración de fuerzas importante, que convocó bajo la bandera del Día de los Trabajadores a más peronistas de los que se han reunido en el último tiempo.
En otra iniciativa, anunció que participaría ayer en los actos por el aniversario de Bariloche, luego de la polémica por no haber visitado esa ciudad para la Fiesta del Chocolate.
Con tales gestos, Weretilneck muestra que no sólo está dispuesto a ir por su reelección sino que ya tiene la tropa para hacerlo y la estructura de su partido: el Frente Grande, que –paradójicamente– por ser pequeño es fácil de ordenar.
También lo evidenció una decisión de gobierno con fuerte tono proselitista.
Esta semana, Weretilneck sorprendió con un «operativo comando» para apropiarse de un medio de comunicación estratégico en el Alto Valle.
De un momento para otro, anunció que la Afsca –al mando de Martín Sabatella, ligado en sus orígenes al Frente Grande– había dado por extinguida la licencia de LU19, La Voz del Comahue de Cipolletti, y se la había cedido inmediatamente al Estado provincial. Ese mismo día, el gobierno la intervino, entró en la sede de la empresa «manu militari» y la puso en manos de quienes conducen el estatal Canal 10 y su FM en Roca.
Anunció que hará –aunque aún no lo envió a la Legislatura– un proyecto de ley para expropiar los bienes que la anterior licenciataria tenía puestos a disposición del servicio.
¿Preocupación por los trabajadores que no cobran su sueldo desde diciembre? No parece un argumento convincente…
Durante meses, trabajadores de otras firmas han reclamado salarios impagos y no por eso han sido expropiadas. No se relicitó la radio como para constatar si no existía interés de algún otro empresario. Y, además, estatizar cada empresa en problemas implicaría alejarse de las funciones propias del Estado.
Sin dudas, la transferencia de una de las radios AM de mayor alcance de la provincia implica una decisión relevante desde el punto de vista de la comunicación: un medio privado ha muerto y acaba de nacer otro –distinto por esencia–, una radio estatal a disposición de un gobierno en campaña por su reelección.
Invocar para ello el drama personal de periodistas, operadores, administrativos y técnicos es, en todo caso, perverso. Implica poco menos que «comprar» el favor de un medio de comunicación privado que, en teoría –ya que no lo ha sido siempre en la práctica– tiene la misión de informar con independencia y actuar como control de los gobernantes.
Lejos de estas acciones hilvanadas en una dirección concreta, el justicialismo rionegrino sigue sin resolver sus principales dilemas: no tiene sus órganos internos regularizados, no ha definido su representación al Congreso Nacional del PJ convocado para el 9 de mayo, no sabe quién será su candidato ni cómo hará para conciliar los –al menos– cuatro sectores en que se divide: los pichettistas, los albertistas, los soristas y los renovadores.
El único órgano interno normalizado es el Consejo Provincial, que se rearmó por acuerdo de unos pocos tras la muerte de Carlos Soria. «Los demás nos enteramos por el diario», se quejan desde distintos sectores.
Días atrás, luego de que la recién conformada Corriente Peronista Renovadora cuestionara el inmovilismo del partido, Miguel Pichetto argumentó en contra: «Yo recorro la provincia», dijo. Es cierto. Pero su acción individual no es orgánica ni oculta que, para evitar debates o lo que fuere, el Consejo no se reúne desde hace más de un año y el Congreso desde septiembre del 2012.
Peor es la situación del Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral –con un solo miembro– y el Tribunal de Cuentas del partido, acéfalo por fallecimiento de un integrante y la renuncia de los otros dos. Y la apoderada del PJ, Verónica Belloso, dejó el cargo al ser designada en la Justicia provincial.
Aun cuando Pichetto buscara comenzar la normalización después del Congreso partidario nacional del 9, todo esto requiere tiempo y acuerdos, dos elementos nada abundantes en el oficialismo provincial. Aun para ratificar el Frente para la Victoria será necesario que el Congreso partidario se reúna. Y para eso, previamente deberá convocarse a elección de congresales.
Un partido político es herramienta indispensable de todo proyecto electoral. Sin él, el justicialismo se arriesga a que la Justicia Electoral disponga la caducidad de sus órganos y lo deje fuera de una elección que se acerca a paso rápido.
