25 DE MAYO | El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, imputó a cinco concejales de 25 de Mayo por el delito de abuso de autoridad, tal como lo solicitó el fiscal de la causa, Juan Bautista Méndez. Los ediles pertenecen al bloque que responde al intendente de la ciudad, David Bravo, y habían sido denunciados en 2012 por sus pares opositores Ricardo Poyo, María Mercedes Pineda y José Alejandro Bustos.
La audiencia de formalización se realizó el pasado jueves por la mañana en los tribunales achenses. El abogado de los denunciantes, Omar Gebruers, había pedido que se los formalizara por otros tres delitos, además del que les imputó el juez. Las figuras eran asociación ilícita, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La querella acusa a los concejales bravistas, al propio Bravo y a la conducción actual de la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada (Coospu) del «vaciamiento» de la entidad solidaria. Los ediles que están bajo la lupa de la Justicia son Nicanor Romero, José Zapata, Roberto Molina, José Pineda y Liliana Retamales.
Los denunciantes votaron en contra una ordenanza que aprobó un convenio entre la comuna y la Coospu que autoriza a transferirle a la cooperativa una parte de las regalías petroleras, a fin de realizar varias obras. En su presentación judicial aseguran que la ordenanza avala el uso de fondos públicos sin el debido control y que fue aprobada por mayoría simple, cuando correspondía mayoría especial.
