25 DE MAYO | La jueza Federal, Iara Silvestre, dispuso doce indagatorias por un caso de trata en un cabaré de 25 de Mayo. Bravo responderá por la habilitación. Ya fue condenado en una causa similar. También están involucrados dos comisarios, tres empleados municipales y un juez de faltas.
La jueza Federal, Iara Silvestre, firmó el pasado viernes doce llamados a indagatorias por un caso de trata de personas en un cabaré de 25 de Mayo, Venus. Entre los imputados en la causa está el intendente de esa localidad, David “Sapo” Bravo. El jefe comunal ya tiene una condena anterior, apelada por sus abogados, por el delito de abuso de autoridad, debido a las irregularidades en la habilitación de otro cabaré. También están involucrados dos comisarios, tres empleados municipales y un juez de faltas.
La ronda de indagatorias está prevista desde la segunda quincena de setiembre y hasta octubre. La jueza le dio curso al pedido que había realizado hace algunos días el fisal Juan José Baric. El intendente Bravo aparece como sospechoso de haber permitido el funcionamiento del cabaré Venus en enero de 2011 a pesar de que una ordenanza que él mismo había firmado en setiembre del año anterior prohibe este tipo de locales.
Bravo ya tiene un antecedente de este tipo. En octubre del año pasado fue condenado por la justicia por la habilitación del cabré El Rancho, de Javier Ulrich, una persona que había sido condenado por el delito de trata de personas. Esa sentencia fue apelada y ratificado por el Tribunal de Impugnación Penal el mes pasado. En septiembre de 2010, cuando Bravo firmó la ordenanza, ya había sido procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la habilitación del cabaret El Rancho.
En esta oportunidad, Bravo está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaret denominado “Venus”, a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarets, nights clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”. El fiscal hizo hincapié en que, a pesar de que Bravo había firmado en septiembre de 2010 esa ordenanza. En enero de 2011, el intendente extendió la vigencia de la habilitación del cabaret Venus, a sabiendas de que era ilegal.
En su dictamen, el fiscal Federal tuvo en cuenta que el 19 de mayo de 2010, el Tribunal de Impugnación Penal provincial ya había dictado el procesamiento en orden al delito de abuso de autoridad a raíz de haber permitido, también, la habilitación de otro cabaret denominado “El Rancho”, -hecho por el que luego fue condenado en octubre de 2013. Este lugar pertenecía a Javier Ulrich, quien también, a esa altura, ya había sido juzgado y condenado -en julio de 2010- en lo que constituyó la primer sentencia por trata de personas en esa provincia. Cuando en septiembre de 2010, Bravo firmó la ordenanza, ya había sido procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la habilitación del cabaret “El Rancho”.
Lugar «dudoso»
Por otra parte, Baric resaltó que el local Venus “era dudoso, tenía denuncias, allanamientos, notas en diarios y todos sabían lo que allí ocurría. Sin embargo, Bravo no sólo nada hizo al respecto, sino que le permitió a una persona, sobre quien él sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro “negocio” en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando así una actitud que supera holgadamente la negligencia o la desidia”. En ese sentido, Baric detalló que el intendente decidió no renovarle la habilitación del local “Venus” debido a que funcionaba como un cabaret. Sin embargo, Bravo le permitió a la dueña, la imputada Nurys Caraballo Castillo, abrir en febrero de 2012 otro comercio nocturno en el mismo lugar, denominado “Restó Bar Karjbjan”, bajo otro rubro.
“Caraballo Castillo solicitó la reapertura del cabaret ‘Venus’ e inclusive ‘amenazó’ a la Intendencia con la presentación de un amparo si no le abren el local por el perjuicio que ello le traería aparejado”, describió Baric en su dictamen, difundido por el sitio fiscales.gob.ar. “Las circunstancias que estaban ocurriendo en el Bar Venus, posteriormente mutado en Bar Karjbjany edificaciones aledañas no podían ser del desconocimiento de los funcionarios del lugar, ya sean municipales o policiales, debido al tamaño de la ciudad, escasa cantidad de habitantes y la conocida ubicación del lugar. A ellos, se le debe sumar la manifiesta notoriedad alcanzada a través de los medios periodísticos, las denuncias, el allanamiento practicado en el lugar y el juicio celebrado contra otro acusado por el mismo delito», concluyó el fiscal Baric.
El funcionario judicial agregó que «la participación de Bravo en todo este proceso fue de vital importancia para la subsistencia del lupanar y quedó acreditada tanto por medio de actos administrativos espurios como por omisiones que no pueden ser tomadas como simples desatenciones, sino como colaboraciones imprescindibles para el funcionamiento de aquel burdel”.
Por su parte, Nurys Caraballo Castillo se encuentra detenida y procesada. Los prostíbulos eran regenteados por sus tres hijos y una sobrina.
El caso
La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia a la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones realizada por una joven de origen dominicano que dijo haberse escapado de un cabaret ubicado en la localidad pampeana de 25 de Mayo.
La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por parte de los dueños del prostíbulo, que allí había otras mujeres en la misma situación y que una de ellas se encontraba embarazada. El fiscal aseguró que la policía del lugar estaba al tanto de esta situación y que “cuando iba el jefe de la municipalidad le daban $1000 y él firmaba”.
Como consecuencia, el Ministerio Público realizó la denuncia ante el Juzgado Federal, que dio intervención a Fiscalía Federal de Santa Rosa.
Luego de las primeras investigaciones, se pudo dar con un prostíbulo llamado “Venus” en el cual estaba inscripta la mujer que había realizado la denuncia. Por ese motivo, el 16 de diciembre de 2011 se allanó el local nocturno. Durante el operativo, se rescataron 10 mujeres, 9 de nacionalidad dominicana y una argentina. Además, dentro del mismo predio donde se encontraba el cabaret había habitaciones y varias camas.
Al solicitarle a la encargada la habilitación municipal correspondiente, aportó la licencia comercial que llevaba la firma del intendente, David Edgardo Bravo, bajo el rubro de “cabaret”. Sin embargo, también se pudo constatar con la existencia de una ordenanza municipal, fechada el día 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, en la que no se autoriza “la habilitación de cabarets, whisquerías, clubes nocturnos y night clubs” en la localidad de 25 de Mayo, debido a que “han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país”.
El 2 de febrero de 2012, el Ministerio Público Fiscal solicitó las declaraciones indagatorias del intendente Bravo, de la propietaria del lugar, Nurys Caraballo Castillo y de la encargada del local, Mayerlin Nuñez Castillo.
Por cuestiones de competencia se demoró el avance de la causa y el 4 de junio de 2012, la Fiscalía Federal de Santa Rosa dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), quienes insistieron con el pedido de indagatorias.
Sin embargo, el juez, sin brindar explicaciones, entendió que faltaban medidas de prueba para determinar si se había configurado el delito de trata de personas. Tampoco, se expidió sobre el pedido realizado sobre Bravo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para intentar avanzar con la causa, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el prostíbulo llamado “Venus” había mutado su nombre a “Restó Bar Karjbjan” permaneciendo a cargo de la imputada Nurys Caraballo Castillo. Además, detallaron que muchas de las mujeres que se encontraban trabajando como mozas en dicho local nocturno eran las mismas que se encontraban el día del allanamiento.
Luego de reiterar con las medidas, que habían sido rechazadas, el juzgado hizo lugar al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal quien, a su vez, comprobó que el “Bar Karjbjan” también había sido habilitado por el intendente Bravo.
El Juez de Faltas de 25 de Mayo, más allá de toda la evidencia producida durante el allanamiento, reabrió el local, ante lo cual, la PROTEX le envió un oficio advirtiendo que se trataba de un delito, por lo que el juez volvió a ordenar su clausura.
Finalmente, el 11 de octubre de 2013 convocaron a prestar declaración indagatoria a Nuris Carballo Castillo y a Mayerlin Nuñez Castillo.
Por otra parte, en marzo de 2013, el intendente Bravo fue condenado a siete meses de prisión en suspenso, e inhabilitación especial por catorce meses para su desempeño en el ejercicio de cargos públicos, por abuso de autoridad en el marco de otro caso de trata de personas, el primero en recibir condena en esa provincia. El mes pasado, el Tribunal de Impugnación, confirmó la condena que había sido impuesta al funcionario público.
