La notificación la hizo una jueza federal a raíz de la ampliación de una demanda iniciada por un grupo de accionistas minoritarios de Repsol.
Piden una copia del contrato aprobado, ya que, hasta el momento, sus detalles se desconocen públicamente.
Neuquén | La jueza federal Liliana Heiland ordenó a YPF y a la Secretaría de Energía a que den a conocer el convenio firmado con la petrolera estadounidense Chevron.
La magistrada notificó a la empresa que conduce Miguel Galuccio y a la Secretaría de Energía sobre la ampliación de una demanda de un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol, nucleados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).
A través del recurso, solicitan a ambas entidades una copia del contrato aprobado con la multinacional de origen norteamericano, que hasta el momento sus detalles se desconocen públicamente.
Lo que se exige en la presentación es una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF SA y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de junio de 2013, con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén, con su respectiva documentación complementaria.
Las autoridades de Energía y de YPF ahora tienen 10 días hábiles para responder el pedido. Ante una negativa, se activarían otras dos peticiones legales en su contra, actualmente en suspenso. Se trata del pedido a Caja de Valores y a la CNV de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos, y la anotación de la presente litis en los libros sociales de YPF y en los registros de los dos organismos mencionados.
En realidad, la intimación legal se trata de una ampliación de la demanda original de Aemec, junto a otros particulares, contra el Estado argentino en mayo por daños y perjuicios, debido a la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF.
Heiland actuó en reemplazo de la jueza María José Sarmiento, ausente por licencia, en el marco de una demanda iniciada por accionistas minoritarios de Repsol contra el Estado argentino por los «daños y perjuicios» que les habría implicado la expropiación del 51% de las acciones de YPF.