CATRIEL | Una denuncia por presunto fraude y estafa al Estado con la venta de loteos involucra a la exintendenta de Catriel María Rosa Iémolo, a dos abogados y a un empresario del rubro inmobiliario. Los terrenos pertenecían al municipio pero durante la gestión anterior las autoridades se las cedieron, vía juicio de usucapión, a un hombre de apellido Guentemil. Apenas asumió Carlos Johnston impugnó el fallo y presentó prueba en una fiscalía de Cipolletti.
Los terrenos en litigio se encuentran en un predio de casi cuatro hectáreas en inmediaciones de la calle Bibiana García y Polonia. Al fondo limitan con un canal de riego.
Históricamente esa parcela fue propiedad del municipio de Catriel pero en el último mandato de Iémolo, Alejandro Guentemil, que tiene otras tres porciones de tierra en el mismo sector, inició un juicio de usucapión en el juzgado de Cipolletti que conduce Alejandro Cabral y Vedia.
La usucapión es la institución del Derecho Civil por la que quien poseyó un terreno, una casa o un departamento durante cierto tiempo establecido por la ley (son 20 años) se le premia haciéndolo dueño. Cuando el juez Cabral y Vedia notificó a la municipalidad (el Estado es el verdadero propietario de la tierra) la intendente Iémolo, por medio de un abogado, se «allanó». Es decir se manifestó a favor de concederle los derechos a Guentemil.
Surge del expediente que el abogado con el que Guentemil inició el juicio para quedarse con la tierra es hijo del letrado de la municipalidad que trabajaba para Iémolo.
Ante estas circunstancias la Justicia comenzó a investigar «esta triangulación» por el presunto delito de «defraudación pública».
El trámite siguió su curso hasta que Iémolo finalizó su quinto mandato al frente de la comuna petrolera.
Cuando cambiaron las autoridades, el actual intendente Carlos Johnston advirtió la maniobra y realizó la denuncia en la Fiscalía 3 de Cipolletti. Enseguida presentó documentación y se inició un expediente penal donde se investiga la presunta comisión de delitos de estafa, estafa procesal, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado, prevaricato, falsedad ideológica y uso de documento falso. Johnston demandó a Guentemil, a los dos abogados (padre e hijo) a María Rosa Iémolo y al empresario del rubro inmobiliario que vendió los terrenos, previo arreglo con Guentemil.
El lunes el juez Gustavo Herrera realizó una inspección ocular en los loteos y le solicitó a la Policía que identificara a los compradores.
«Son entre 20 y 30 familias las que adquirieron lotes por precios que oscilan entre los 50.000 y los 80.000 pesos», confió unas de las fuentes con acceso al expediente.
