El Ipross inició un proceso de depuración de su padrón de afiliados, detectando unos 1.800 de Educación que no aportaban porque ya no tenían remuneraciones del Estado. Esa simple purga representa un ahorro de ocho millones anuales.
La precariedad de su padrón siempre conformó una debilidad de la obra social provincial, que se potencia en la demora de su informatización.
El cruzamiento de la nómina de afiliados activos del Ipross con el personal de Educación ratificó esa onerosa falencia.
El presidente de la obra social, Luis Ayestarán, confirmó a «Río Negro» la detección de unos 1.800 afiliados por Educación que no debían figurar con cobertura porque no tenían aportes ya que no figuran entre el personal de ese ministerio.
Ayestarán explicó que el cruzamiento comenzó con Educación porque es el padrón más numeroso y también, porque existen permanentes altas y bajas. El relevamiento seguirá con otros organismos.
El número de afiliados es central en las erogaciones de la obra social porque los convenios -en su mayoría- están fijados por cápita, es decir se paga a los principales prestadores -como médicos, clínicas y farmacias- por la cantidad del registro. Así, la baja de 1.800 afiliados ya tiene un directo impacto en los desembolsos.
Un rápido cálculo. La ejecución del 2014 del Ipross rondará entre los 550 y 600 millones, con casi 140.000 afiliados. Equivale a un costo total por afiliado de 390 a 400 pesos por mes. Ese promedio aplicado a los 1.800 bajas significaría un recorte de unos 720.000 mensuales, es decir algo más de 8,6 millones anuales.
En realidad, el valor medio de 400 pesos por afiliado contempla la totalidad de los erogaciones del Ipross.
También vale aclarar que la incidencia de la reducción es mayor al número de los aportantes porque ellos tienen personas a cargo, que engrosan el padrón del Instituto y los desembolsos. Por eso, la disminución de la cantidad debería representar una directa e inmediata baja de los pagos en favor de los prestadores.
La informatización del Ipross fue un anuncio nunca concretado del último gobierno radical. Pero el gobierno del Frente para la Victoria retomó ese compromiso, con ciertos avances, pero todavía falta, a pesar que la administración de Fabián Zgaib ya firmó en noviembre del 2012 un convenio técnico con Altec y un contrato con la firma Tekne SA por $ 5.894.700.
Actualización
Más allá de las distintas funciones, el propósito inicial sería la permanente actualización del registro de activos aportantes.
Hace algunos días, el vocal gremial del Ipross, Marcelo Nervi consideró «necesaria y urgente» que se concrete la informatización para la organización de la obra social.
Advirtió sobre la imprecisión del número de afiliados porque «un informe del propio Ipross habla de una diferencia de casi 2 mil afiliados que ya no estarían aportando», pero la obra social «seguiría pagando, ya que las cápitas se calculan con esa cifra y no con los dos mil menos de los que hablamos». Reafirmó que ese pago recae sobre «los trabajadores entonces esas cuestiones hay que revisarlas y solucionarlas».
