Si bien hay coincidencia en reconocer que aquel malogrado anuncio del cobro del aguinaldo para el tres de enero, fue el origen del conflicto policial y las posteriores protestas de los gremios estatales, no es menos cierto que existen en el gobierno “megasueldos” de funcionarios que alimentan la bronca de los empleados públicos y la sociedad en general.
Los comentarios y comparaciones son moneda corriente tanto en la calle como en cualquier edificio público y tuvo su punto de inflexión este domingo cuando ADN publico algunos datos de una planilla que circuló en Casa de Gobierno, donde figura cuanto cobran algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, órganos de control e incluso otros dos poderes de Estado.
Quienes conocen la intimidad de la reacción de Alberto Weretilneck resumen en pocos calificativos su fastidio y enojo. Pudo comprobar de esta manera que son muchos los colaboradores de su gobierno que cobran un sueldo superior al suyo, un desequilibrio que según había sido anunciado a los comienzos de esta gestión iba a ser corregido.
El ex gobernador Carlos Soria anunció oportunamente que el gobernador, el presidente de la Legislatura y el titular del Superior Tribunal de Justicia percibirían el mismo salario. Nada de esto fue cierto, pero además rige aquello de la autarquía e independencia de los poderes que permite incrementos mediante actualizaciones “particulares” y agregados con distinta denominación, que disparan salarios por sobre el sueldo del gobernador.
Sucede que en muchos organismos se recurre, para mejorar los sueldos de manera casi encubierta, la aplicación de bonificaciones, ítems e incentivos que incrementan los ingresos, como puede ser el caso del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, por poner dos ejemplos que modificaron su esquema de liquidación.
Tampoco está ausente el caso de la Defensoría del Pueblo. Nadina Díaz, que cobra una cifra (62 mil) muy superior a Weretilneck, prácticamente sin antigüedad en la función pública. Este caso molestó mucho en algunos integrantes del Poder Judicial y se agravó un poco más dada su lamentable actuación en el caso Gatica.
Díaz, conocedora de las innumerables irregularidades cometidas por el titular de APEL, ya que incluso se había reunido con el legislador Ricardo Arroyo, para conocer en profundidad el tema, igual le transfirió los polémicos fondos para la vivienda.
El gobernador ha dado órdenes a sus colaboradores y abogados para que estudien la puesta en marcha de un instrumento que sin alterar el principio constitucional de la independencia de los poderes del Estado, no exista en la administración rionegrina ningún sueldo superior al suyo.
Ya hay una iniciativa de este tipo referida a la liquidación de los órganos de control, que fue presentada en la Legislatura en forma oportuna, pero que jamás fue tratada.
Igual parece necesario un profundo estudio de cómo se están realizando las liquidaciones, las normas aplicadas, las resoluciones emitidas en algunas áreas y si se está consignado claramente todo lo que se cobra.
Esperemos que la respuesta a un reciente pedido de informes ayude a clarificar esta situación que tanto irrita.
Fuente: ADN