25 DE MAYO | La Justicia pampeana inició el trámite de ejecución del embargo a la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada (Coospu) de 25 de Mayo en el marco de una causa que se lleva adelante por la deuda que mantiene la entidad con la Administración Provincial de Energía (APE). El monto adeudado asciende a los 12.993.266,77 pesos.
La medida la dictó el Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras número 2 de la Primera Circunscripción en el marco del expediente 104646 iniciado en noviembre del año pasado por «apremio» contra la institución. Los oficios ya llegaron al Juzgado de Paz veinticinqueño en los últimos días y es un mandamiento de intimación de embargo y pago, según explicaron las fuentes judiciales a LA ARENA.
En agosto de 2014 Contaduría de la provincia había emitido un certificado de deuda -pasivo exigible- y en la resolución además se habían objetado decisiones financieras tomadas por el Consejo de Administración y el cuerpo de delegados, por el estrecho vínculo que mantiene con el intendente veinticinqueño David Bravo. Deuda. El pasivo de la Coospu sería aún mayor, ya que entre lo adeudado a la APE, la AFIP, la DGR y fundamentalmente a proveedores locales y de la localidad rionegrina de Catriel, superaría los 25 millones de pesos.
En ese momento se recordó que casi no hay antecedentes en el ámbito provincial de que el Estado haya accionado sobre una cooperativa concesionaria de la distribución eléctrica, salvo las intimaciones que tuvo la Cooperativa de Victorica (Cevic) por otra deuda eléctrica, de 7,5 millones de pesos, con la APE en 2013. Fallo. La Coospu tenía al mes de junio del año pasado unos 3.458 asociados con una facturación neta solamente por el rubro energético de casi cuatro millones de pesos, que la posiciona en el tercer lugar dentro de las provincia entre los usuarios de la APE después de la CPE y Corpico.
La actual conducción tuvo que afrontar además en 2014 no solo el inicio de esta causa por parte de la Fiscalía de Estado, sino también un fallo adverso por el que se le reclama que pague 916.047,34 pesos en el juicio que le inició el ex gerente general, Juan Carlos Ponce, luego de que lo despidieran sin causa cuando el «bravismo» ganó la conducción en 2012. El presidente de la APE le contestó a titular de la CEW El presidente de la Administración Provincial de Energía (APE), Carlos Sanz, respondió a los dichos del gerente de la Cooperativa Eléctrica de Winifreda, Hernán Camps, sobre la falta de respuesta a propuestas enviadas desde la entidad solidaria para regularizar la deuda. El titular de la repartición gubernamental planteó que «comiencen a pagar este año para comprobar la veracidad de la voluntad de pago; luego se analizará la posibilidad de renegociar la deuda anterior».
En una nota publicada por este diario el domingo, el gerente de la CEW, Hernán Camps, confirmó que la entidad solidaria adeuda a la APE 2,8 millones de pesos y manifestó su preocupación por la falta de respuestas desde esa repartición oficial ante las propuestas presentadas por el Consejo de Administración para arribar a un acuerdo de pago. También aseguró que la abultada deuda tuvo su origen en 2008 y tres años después superaba 1,5 millones de pesos. El pasivo restante siguió creciendo durante la actual administración que asumió en 2011.
Mencionó que «a principios de 2012 se negoció con la APE el subsidio para el kilowatt. El límite eran 600 mil kilowatts y se pasó a un millón de kilowatts. Esa medida resultó favorable y posibilitó que la deuda aumentara muy poco porque las facturas eran de valores muy pequeños, incluso se pagaron algunas boletas», recordó el gerente. Respuesta. Por su parte, Sanz manifestó que los pagos mencionados por Camps no existen. «La CEW tiene una deuda que asciende al día de hoy, a 3.104.000 pesos y hace más de tres años que no cumple sus obligaciones mensuales», desmintiendo así la afirmación de Camps sobre el pago de algunas boletas de pequeños importes.
Sanz aseguró que «es real que la deuda comenzó en 2008, pero hasta la fecha no efectivizaron ningún pago. Nosotros esperamos que haya una voluntad de pago explícita para tener en cuenta la posibilidad de renegociar lo adeudado anteriormente», indicó. También respondió al pedido elevado por el gerente «de un plan de pago y obras». Al respecto, Sanz expresó que «no es una decisión que dependa de mí, el aceptar el intercambio de obras por deudas; esto no es un mercado persa».
Explicó que «para acceder a esta situación, debemos estar facultados legalmente: esto implica que la situación sea aceptada por el fiscal de Estado y luego, que un decreto autorice dicha transacción», aseveró. Concordancia. Finalmente, el titular de la APE aseguró que «Camps planteó la necesidad de realizar una obra que pertenece a su jurisdicción, que contempla la línea Conhello-Rucanelo, donde ellos proponían que la APE aportara los materiales, ellos se encargarían de la mano de obra y eso compensaría parte de las deudas. Pero con esa situación ocurre lo mismo: más allá de coincidir en la necesidad de renovar esa obra, también se requiere la autorización del fiscal de Estado y el decreto que lo habilite», finalizó Sanz.
