Apenas poco más de una semana ha pasado desde la asunción de Rolando Figueroa, y la revisión de la situación de la administración pública, que revisa cada ministerio, ha brindado una primera muestra de una desprolijidad lindante con la corrupción lista y llana: más de 700 casos de empleados estatales que recibían algún plan de ayuda social, de esos reservados a ciudadanos que, generalmente sin trabajo, están en situación de pobreza o indigencia.
El dato, que trascendió de los primeros informes recopilados en la nueva gestión, ilustra una realidad que no solo se ha registrado en Neuquén: ya se había informado que en Buenos Aires, el distrito gobernado por Axel Kicillof, había más de 5 mil empleados del Estado que cobraban, también, planes sociales.
El tema ha sido comentado justo antes de una jornada que, inevitablemente, evidenciará la puja entre el gobierno nacional de Javier Milei y las «organizaciones sociales» por el control de la calle. Este miércoles, habrá manifestaciones en todo el país, y también en Neuquén y Río Negro. Los piqueteros intentarán mostrar masividad contra el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En este contexto, desde la gestión Figueroa -quien este martes estuvo en la reunión de los gobernadores con Milei- se enfatiza en los primeros hechos que tienen que ver con el control de gastos mal efectuados en el Estado. Se recordó el envío a la Legislatura del proyecto de eliminación del régimen de jubilaciones de privilegio, que actualmente beneficia a quienes han ocupado un cargo electivo, aunque no sea más que por un año.
También se avanza en la conformación del listado de los ex funcionarios políticos que «trabajaban» a la misma hora en dos lugares diferentes y cobraban dos sueldos. Hay casos comprobados de personas desempeñándose en simultáneo en la administración pública provincial y en la nacional, situación que fue dada a conocer por el programa Así Estamos, en radio Mitre Patagonia.
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