Asegura que la Justicia no dio los pasos debidos para que se los restituyan.
CATRIEL | «Que la sociedad me escuche», pide Isabel R., mujer que fue separada de sus hijos tras una medida cautelar que se le dictó en el 2010. Desde entonces no puede ver a sus hijas, que ahora tienen 15, 11 y 9 años, ni a sus hijos de 7 y 5.
Tanto Isabel R., como el defensor de Pobres y Ausentes que la asiste, Nicolás Scagliotti, le atribuyen el impedimento a «las deficiencias en la intervención de Protección Integral que debiera actuar en este tipo de casos», aseguró el funcionario.
La mujer indicó que en reiteradas oportunidades le pidió a la asistente social que está al frente de Protección Integral que accione los mecanismos necesarios para que desde el juzgado 5 de Familia –a cargo de Marisa Clavero- se levante la medida.
No obstante, del expediente surge que desde julio del 2010 a la fecha, sólo tuvo dos visitas realizadas por Analía Lagos, del Ministerio de Protección en Catriel.
«Estoy cansada de pedirle a Analía que venga a verme, pero me dice que tengo que demostrar que necesito ver a mis hijos. Me dicen que mis hijos están bien, que no me preocupe por eso, pero qué hago con eso, necesito verlos, necesito abrazar a mis hijos», relató la mujer de poco más de treinta años.
Por su parte, el defensor Nicolás Scagliotti explicó que «se tramitó una causa en el juzgado de Familia en primera instancia, cuya resolución se apeló. A su vez la Cámara de Apelaciones rechazó la impugnación y por su parte el Tribunal Superior de Justicia no admitió el recurso de queja».
Isabel R. mostró el expediente en el que consta que el 12 de junio del 2012 la Defensoría de Menores e Incapaces 2, de Cipolletti, a cargo de Susana Alicia Merino, emitió un documento que detalla que «la señora Isabel deberá acreditar en autos haber realizado tratamiento psicológico con evolución favorable y Promoción Familiar deberá acompañar informe en donde evalúe si están dadas las condiciones para que los niños sean restituidos al cuidado de su madre».
Estos pasos no se habrían cumplido según Isabel R., quien aseveró que pudo retomar su caso después de noviembre del 2013, fecha en que asumió el defensor oficial, que actualmente la representa.
La mujer, de escasos recursos, asegura que «hice todo lo que me dijeron que hiciera. Estoy yendo a la psicóloga Daniela Salzotto y ahora también voy a una iglesia evangélica. Ellos me están ayudando mucho, estoy empezando a valorar la vida», dijo.
Isabel trabaja de albañil y con la ayuda de su pareja están levantando la casa en un terreno que les cedió el municipio, «con los materiales que nos dan de la municipalidad», señaló.
Antes de la desvinculación de sus hijos, Isabel R. refirió que fue víctima de violencia y de violaciones durante los 14 años que estuvo casada con el padre de sus hijos, quien está preso desde el 2010.
«Aguanté por mis hijos», dijo, y mostró cicatrices en la cara, en la espalda y en las piernas.
«No le bastaba con violarme. Me llevaba al cabaret para que me violen otros», dijo de su exmarido, ahora preso por haber abusado sexualmente de su hija, quien entonces tenía 9 años y «principio de autismo», cuenta la madre.
En ese momento «el padre de mi ex dijo que yo era cómplice», explica Isabel, por lo que también fue enjuicida en instancias que no prosperaron puesto que, refirió, no se le encontró culpabilidad.
Para preservar a los niños fue que en ese momento se le dio la tutela «provisoria» a una hermana de Isabel con quien no tuvo más relación. «Cobra el subsidio de la provincia y no me deja ver a mis hijos», dice apesadumbrada.
