El juez Chirinos impuso astreintes para el gobernador y para cuatro altos funcionarios. Si no cumplen con las refacciones, perderían el 10% de sus sueldos. La causa lleva casi tres años.
Roca | Después de casi tres años de proceso y varias intimaciones, el juez de Ejecución Penal, Juan Pablo Chirinos, decidió aplicar una sanción económica (astreintes) al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al ministro de Gobierno Luis Di Giacomo, y a los principales funcionarios del área de Seguridad y Justicia y del Servicio Penitenciario Provincial.
El magistrado entendió que no cumplieron con los plazos establecidos para reacondicionar el edificio del Penal 2, de Roca, que quedó destruido tras los últimos motines. La medida incluye el descuento del 10 por ciento mensual de los haberes de cada uno de los funcionarios.
La resolución también establece que a partir de ahora el cupo real de este centro de detenciones será de 250 reclusos (actualmente supera los 320) y en caso de que esta disposición no se aplique se ordenará la liberación («externación») de los reclusos que estén más cercanos a obtener su libertad (ver recuadro).
«Si una sentencia no es acatada, de nada sirve». Con esta frase, el juez recordó que el 3 de diciembre de 2010 emitió un fallo en el que se intimó al Estado provincial a realizar las refacciones necesarias para mejorar las condiciones hacinamiento de los reclusos.
Por ese entonces, al frente del Ministerio de Gobierno se encontraba Diego Larreguy. Finalmente se dispuso acelerar los tiempos de finalización de la obra del Penal de Cipolletti lo que supuestamente iba a descomprimir el Penal de Roca.
Una vez finalizada la gestión radical, en diciembre de 2011 las nuevas autoridades provinciales del Frente para la Victoria –encabezadas por ese entonces por el ministro de Gobierno Hugo Lastra– volvieron a visitar el penal. En 2012 se sucedieron una serie de motines que terminaron por destruir buena parte de los pabellones lo que obligó a las autoridades provinciales a brindar una serie de respuestas parciales a esas demandas.
En mayo se dictó la emergencia penitenciaria, que permitió la inversión de unos 8 millones de pesos para reformas edilicias y capacitación de personal. Fue en septiembre que comenzaron con nuevas audiencias para determinar la forma en la que se iba a dar cumplimiento a la manda judicial y a las obras. «El año 2013 comenzó con buenas señales», recordó el magistrado quien destacó que entre otros puntos se estableció el pago de un adelanto a la empresa de 1,5 millones de pesos para que comiencen las obras en los pabellones afectados. Pero sobrevino un nuevo recambio de autoridades y no se avanzó en las refacciones. El problema es que no había posibilidad de reubicar a los internos en otro sector por la misma sobrepoblación carcelaria. Nuevamente se concedió otro plazo que finalizó el 15 de agosto. Chirinos destacó que esta situación también ha derivado en innumerables hechos que no sólo afectan a la población por las reiteradas fugas sino también por el porcentaje de muertes registrados en el penal y que llega a uno por año. «Quedó claramente establecido el incumplimiento de los funcionarios», remarcó el juez, quien también sancionó a la secretaria de Seguridad, Martha Arriola, al director del SPP, Gustavo Ferraiuolo, y el subsecretario de Administración de la Secretaría de Seguridad, Daniel Badié.
Fuente: rionegro.com.ar
