25 DE MAYO | En esta localidad pampeana preocupa la estabilidad del gobierno del intendente David Bravo, ante las sospechas de que esté involucrado en hechos vinculados con la trata de personas.
Así lo manifestó el presidente del Concejo Deliberante, Roberto Molina Prieto, quien informó que «debido a las últimas noticias vertidas en medios nacionales estamos analizando pedirle la destitución a su cargo de intendente, pero por el momento sólo estamos abocados a una investigación en diferentes juzgados para ver cuáles son las causas que pesan en su contra».
Bravo comenzó a estar en el ojo de la tormenta el 12 de marzo de 2013, cuando el juez Néstor Daniel Ralli, lo halló culpable del delito de «mal desempeño de funcionario público» al permitir la apertura del cabaret El Rancho, donde se registraron casos de trata de personas, pese a que no se encontraba en condiciones de ser habilitado.
A partir de ahí, el jefe comunal habría apelado, pero a comienzos de julio, la sentencia fue ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal, desde donde se lo condenó a siete meses de prisión y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de «abuso de autoridad».
Bravo volvió a apelar, pero esta vez y aún no hay conocimiento de la decisión final en la causa.
No obstante, el 7 del corriente, el intendente veinticinqueño volvió a acaparar la atención, después de que se tuviera conocimiento que el fiscal federal, Juan Baric, solicitó su imputación el marco de una causa por trata de personas para explotación sexual que se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia a la delegación de La Pampa, de la Dirección Nacional de Migraciones realizada por una joven de origen dominicano que dijo haberse escapado de un cabaret ubicado en la localidad pampeana de 25 de mayo.
Tal como se indica en el sitio fiscales.gob.ar, «la mujer relató que había sido maltratada y amenazada por parte de los dueños del prostíbulo, que allí había otras mujeres en la misma situación y que una de ellas se encontraba embarazada. También denunció que la policía del lugar estaba al tanto de esta situación y que cuando iba el jefe de la municipalidad le daban 1000 pesos y él firmaba».
La noticia volvió a sacudir a 25 de Mayo, porque medios nacionales detallaron que «cuatro intendentes de ciudades pampeanas fueron imputados por un fiscal federal por tolerar prostíbulos en los que sospecha que se comete el delito de trata de personas, con la supuesta anuencia de jueces de paz, funcionarios municipales y policiales».
Según la agencia DyN, el fiscal federal acusa a «los jefes comunales de 25 de Mayo, Lonquimay, Macachín y General Acha por no investigar a locales donde se sospecha que hay trata de personas».
Al respecto, Molina Prieto agregó que «el año pasado se le realizaron a Bravo, alrededor de 17 causas penales por mal desempeño de funcionario público, pero en 25 de Mayo hay rumores certeros de que lo buscan por otras cosas mucho más alarmantes».