Se iniciaron los alegatos en Neuquén contra los integrantes de la supuesta banda
de narcos.
El fiscal requirió un castigo de prisión efectiva para la mayoría de los detenidos en los operativos realizados en Cipolletti.
El fiscal Marcelo Grosso pidió ayer al Tribunal Oral Federal de Neuquén 16 y 18 años de prisión para Ruth y Héctor Montecino como “cabezas con poder de decisión” de una organización destinada al tráfico de estupefacientes en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La pena máxima que estipula la ley es de 20.
Grosso solicitó penas de prisión efectiva para 22 de 23 imputados, que oscilan entre los 4 y los 18 años, y multas que van de los 2 a los 10 mil pesos.
La hija de Héctor Montecino y de Irma Betanzo fue la excepción por su condición de menor al momento de los hechos.
En su caso, consideró que la joven debe ser declarada penalmente responsable por la Justicia Juvenil, luego disponer un tratamiento tutelar y fijar una audiencia para evaluar la imposición de una posible pena.
También despegó de la organización a los siete imputados que son de Centenario. Según el fiscal, vendían el estupefaciente que le compraban a Montecino, su proveedor, pero sin formar parte de la banda.
Uno de los defensores, Gustavo Olivera, el primero de los tres en introducir sus conclusiones, fue por la absolución de la pareja que asiste a Cecilia Soto y a Fabián Nicolás Reyes, de Centenario. Sus colegas avanzarán hoy con los alegatos.
Pidió que sean absueltos por considerar que no se demostró que hayan suministrado estupefacientes a otras personas. Sostuvo que la escasa cantidad de sustancia secuestrada en su casa era para consumo personal y que la prueba colectada en su contra no se puede incorporar por “arbitraria y abusiva”, a raíz de la participación directa del ex policía Jonathan Gómez, testigo en el juicio pero exonerado de la fuerza de seguridad neuquina y procesado por filtrar información sensible en otra causa por tráfico de droga.
Para el defensor, el cabo tenía otros intereses y cumplía la doble función de ser “soldado del narcotráfico” y “servidor público”.
Yendo al núcleo Montecino, Grosso afirmó que Héctor y Ruth surgen como “los generadores de esta actividad ilegal que les fue transmitida como una especie de herencia a sus hijos”.
Lejos de pensar que encararon negocios separados, consideró que los dos integraron la misma banda y comercializaron la misma droga presuntamente provista por un hombre que identificaban como “el paraguayo”.
Así, echó por tierra el descargo que hizo la imputada, al sostener tras la rueda de testigos que no integró ninguna organización ni eran socios con su hermano. “El manejaba lo suyo y yo lo mío”, dijo.
“Ambos respondían a un negocio común, con lugares de acopio comunes e intervinientes comunes, aunque pudieran repartirse tareas”, sostuvo el fiscal en su alegato, y reiteró que no hubo división de negocios.
Lo que si pudiera ser viable, sostuvo Grosso, es que Ruth y su ex pareja Marcelo Seguel, también imputado en esta causa, “quisieran quedarse con todo el negocio, aprovechando que Héctor parecía estar cansado” (ver recuadro).
Familiares y amigos participaron de la organización, asumiendo roles y tareas específicas para llevar adelante el negocio. “Todos los aquí imputados sabían todo y ejercían diferentes actos de comercio de estupefacientes en forma organizada pero recibiendo directivas de Héctor y Ruth”, alegó el fiscal.
Acopio
Los hermanos Montecino se valían de lugares de acopio, personas que transportaban la sustancia o la suministraban a consumidores y minoristas, lo que les permitía no tener en su poder sustancia que los comprometa ante un posible allanamiento y disponer de distintas alternativas. “Sin tener contacto directo con esa droga conocían la existencia o el stock”, añadió el funcionario judicial.
Jessica Montecino, hija de Héctor, es una de las más nombradas. El fiscal le imputó el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento y comercio, y pidió una pena unificada de 12 años.
Según la instrucción de la causa, preparaba pedidos, sabía lo que hacía cada miembro, atendía a proveedores y trasladaba sustancias a los lugares de acopio. Por ejemplo, la casa de Olga Jorquera ubicada en la calle Perú, de Cipolletti.
De ahí que esta mujer fue acusada del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento, agravado por la participación de dos o más personas. El fiscal pidió 6 años de prisión efectiva.
La misma calificación e igual pena consideró Grosso al abordar la situación de otras cuatro mujeres del entorno vinculadas con Héctor.
Se trata de Yolanda Esparza Flores (madre), Irma Betanzo (ex esposa), Carina Domínguez (pareja actual) y Fiofanía “Anita” Ruskoff (amante).
En la casa de Esparza Flores los policías secuestraron la suma de 225 mil pesos arriba de un lavarropa.
Como contraprestación, recibiría 500 pesos de parte de su hijo Héctor.
En el domicilio de Betanzo, ubicado sobre Esquiú, hallaron dentro de un placard 200 tizas de cocaína.
Fiofanía vivía en la calle Miguel Muñoz, y cuando su casa fue allanada encontraron 40 tizas dentro de una bolsa y una más a medio consumir en un plato.
A Carina Domínguez no le encontraron estupefacientes, pero según testigos, era el tercer allanamiento por drogas en su vivienda de la calle América, y se veía mucha gente pasar por pocos lapsos de tiempo.
“Hijas de Héctor, ex esposas, amantes y hasta la propia madre, fueron elegidas para cumplir tan delicada tarea de acopiar o almacenar estupefacientes”, evaluó Grosso.
Otros contactos
Marcelo Seguel y su hijo Diego tenían contacto frecuente con Ruth Montecino. Según el fiscal, el primero colaboraba con la organización bajo la modalidad de almacenamiento, transporte y comercialización de sustancias.
La participación de Diego quedó vinculada sólo al comercio. Así, solicitó una pena de ocho años para Seguel padre, y de dos menos para Seguel hijo.
Marcelo Seguel además aparece como nexo con Leopoldo “Polo” Belmar, el cuidador de un galpón en La Mayorina, donde encontraron poco más de 16 kilos de cocaína.
«Buscate un sucesor, a otra persona»
La confesión la realizó después de que un policía fuera a “apretarlo” a su casa.
Se trata de uno de los dos efectivos que le manoteó la mochila a Jessica, su hija, cuando ésta fue a buscar estupefacientes a la casa de Olga Jorquera en una moto y la abordaron.
En esa conversación, Héctor le reconoció a su amigo que no tiene necesidad de “andar macaneando pero ya es como una costumbre, un trabajo”. Su amigo le aconsejó que se dedicara más a “vivir la vida”.
“Dejate de hueviar si ya está, buscate un sucesor, a otra persona”, le dijo. Y Héctor le respondió: “Y si, por ahí esa es la movida”.
El fiscal concluyó que “no obstante la pelusa, prefirió el durazno”.
El incidente que protagonizó su hija no lo dejó tranquilo. Héctor sabía muy bien lo que podía pasarle. En una oportunidad le dijo a Jorquera “no me nombre, porque quedo con 20 años”.
Fuente: LMDC