La Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo (Coospu) se sumó indirectamente días atrás a quienes acusan a tres docentes de la localidad por los abusos sexuales que habrían sufrido niños y niñas que concurrían a las salas de 4 años del JIN 12. Lo hizo a través de la distribución de volantes que llegaron a las viviendas de los veinticinqueños adjuntados a las facturas de la luz del mes pasado.
Hace una semana, el abogado defensor de los acusados, Omar Gebruers, había asegurado que los volantes contenían una leyenda que daba por cierto que sus defendidos son los responsables de los presuntos casos de abuso sexual. Incluso relacionó a las autoridades de la cooperativa de formar parte de un grupo de operadores del intendente David Bravo, a los que acusó de direccionar las acusaciones con un claro interés político.
«Lamentablemente, nuestra localidad se ha visto afectada y golpeada por el aberrante hecho de varios casos de abusos en el jardín de infantes con niños de 3 y 4 años. Los docentes involucrados están detenidos. Necesitamos que se difunda esta noticia ya que se investiga una presunta red de pedofilia. ¡¡¡Que paguen los culpables y no pase nunca más!!!», reza el volante. La leyenda es acompañada de otra que dice «#ConlosChicosNO» y una serie de consignas que no merecen reproche alguno, puesto que difunden los derechos del niño y los teléfonos del Defensor de los Niños, Juan Pablo Meaca, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y un teléfono que la Justicia dispuso como canal de contacto para quienes tengan información sobre los más de 30 casos que están bajo investigación judicial.
Lo que la defensa del profesor de educación física y las maestras jardineras cuestiona es la frase que asevera que los «docentes involucrados están detenidos», pues no deja lugar a dudas respecto a que quienes por ahora están imputados en la causa han tenido participación en los hechos.
Las denuncias sacudieron a la localidad del suroeste provincial a mediados del mes de mayo. La iniciaron los abuelos de dos de los niños, quienes desde un principio acusaron al profesor de Educación Física -y a las docentes a cargo de los niños- que cumplía tareas administrativas en la Coordinación del Nivel Medio, cuyas dependencias estaban ubicadas en el mismo edificio en que funcionan la Escuela Especial 110 y las salas de 4 años del JIN 12.
Los tres acusados están detenidos desde entonces. El docente en la Alcaidía de General Acha y las dos maestras de nivel inicial en Santa Rosa, con prisión domiciliaria. Mientras los abogados querellantes aseguran que existen pruebas concluyentes contra el trío, Gebruers asegura que no las hay y que la Justicia está actuando bajo una fuerte presión social, promovida por un sector interno del PJ veinticinqueño, concretamente el ligado al intendente Bravo.
El defensor aseguró que su defendido era colaborador de Abel Abeldaño, quien enfrentó a Bravo en la interna del 5 de julio y lo derrotó, erigiéndose así en el candidato a intendente del PJ para las elecciones del 25 de octubre.
