La Función Pública tendrá a su cargo finalmente el sistema de gestión y fiscalización de las autorizaciones por enfermedad en el Estado rionegrino, luego de que la Junta Médica fuera transferida a su órbita.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto Nº 688 donde transfiere a la Secretaría de la Función Pública, que depende de Economía, la «dependencia funcional del sistema de gestión y control de medicina laboral de los agentes públicos», que estaba en el área de Salud.
La derivación de la Junta Médica a la Función Pública está orientada a la concentración de la política de personal, pero en especial busca disponer de registros confiables sobre las ausencias y licencias por enfermedad que se registran en el Estado rionegrino. Esas estadísticas permitirán después resolver estrategias de corrección porque, por ahora, los datos son sueltos e informales. Por ejemplo, se sabe que existen números importantes de licencias por larga enfermedad donde superan el año, lo cual significaría un tratamiento diferente.
El nuevo decreto prevé que la Función Pública podrá dictar «las normas reglamentarias e interpretativas que a los efectos considere necesarias, y coordinará» la implementación del sistema de gestión y control de la medicina laboral con los distintos organismos. Esta facultad es fundamental porque esta secretaría -que conduce Isabel Tipping- podrá disponer de registros y seguimiento del ausentismo de la totalidad de los ministerios.
La estructura de la Junta Médica siempre fue reducida y además precarizada, al considerarse que debía monitorear las ausencias y convalidar licencias sobre un plantel de 50.000 agentes.
En su oportunidad, Weretilneck planteó una fuerte política de control del ausentismo después de advertir un alto nivel de ausentismo, que se llegó a estimar en un 20 por ciento. Pero esa pretensión no pudo concretarse frente a las históricas falencias de la Junta Médica, considerando que el primer eslabón corresponde a la supervisión y revisión efectiva de las certificaciones médicas.
En este sentido, el gobierno instauró un certificado médico único para unificar el criterio y el registro de la documentación requeridas para justificar esas inasistencias. Este instrumento intentaría regularizar el sistema ya que se admite que muchos organismos ni cumplen con este trámite. Aún el esquema planteado, el certificado único todavía no se pudo aplicar realmente.
La actual norma prevé que la Función Pública «instruirá a los integrantes de la Junta Médica de las disposiciones necesarias para el funcionamiento del sistema», previéndose que estas facultades determinen un mayor seguimiento y control de los registros y razones de las autorizaciones por enfermedad.
