25 DE MAYO | David Bravo aparece otra vez en el centro de la escena. Ante la embestida política opositora y la difusión de un posible juicio político, advirtió que no estaba en condiciones de garantiar la «paz social» si era destituído. El intendente fue condenado por abuso de poder y tiene otras causas judiciales.
Colonia 25 de Mayo vive otra vez en medio de la tensión política: la confirmación de que se presentará un pedido de juicio político al intendente David Bravo sacudió la estructura del gobierno municipal, que respondió poniendo en duda la posibilidad de garantizar la paz social en caso de que se concrete la destitución.
El concejal peronista Ricardo Poyo ratificó que tiene elementos suficientes para impulsar el juicio político a Bravo: públicamente hizo referencia a múltiples irregularidades. Además, Bravo fue condenado por abuso de poder, a raíz de que habilitó un prostíbulo, y está involucrado en otras causas judiciales.
En medio de ese panorama, durante una entrevista en el programa televisivo «Lo bueno y lo malo», el intendente de 25 de Mayo David Bravo expuso su postura en medio de la feroz disputa política.
Bravo resaltó que no garantizaba la paz social en nuestra ciudad en caso de ser destituido, según publicó este viernes la web de ese espacio.
Bravo confirmo que pretende presentarse como candidato a presidente de la Unidad Básica, y que se siente el único que puede lograr la unidad del PJ en la ciudad.
Negó estar detrás de una persecución laboral y personal hacia el concejal José Pineda.
“Lo único que les interesa es destituirme, no presentan proyectos de ningún tipo, se dedican sólo a presentar pedidos de informes, y subestiman continuamente a mis funcionarios, no tengo tiempo de escuchar radios donde continuamente critican mi gestión, sólo tengo la mente puesta en buscar soluciones para mi pueblo”, dijo Bravo.
“Corrupción e impunidad”
Mientras tanto, Poyo ratificó su idea de impulsar un juicio político, planteando la existencia de “corrupción” e “impunidad”. Aseveró que “se han dado una serie de condiciones e irregularidades que a mi criterio implican hacer un juicio político al intendente y en eso estoy trabajando ya hace un tiempo. No es muy lejana la presentación de las pruebas, lo vamos a llevar adelante”.
Añadió que “a lo mejor estoy haciendo algo políticamente incorrecto, pero voy a presentar el proyecto porque estoy convencido de una serie de irregularidades tremendas, el resto ve lo mismo que yo y tendrá que definir su postura, es así. No hago acuerdos ni ninguna cosa rara de las que se hacen en política, lo hago por convencimiento y porque están las pruebas necesarias”, insistió en declaraciones a www.radiokermes.com
Entre otras cuestiones, Poyo enumeró que Bravo “hace un año que no presenta balances; ahora apareció el de marzo, abril y mayo y la cuenta de inversión, ¿cómo se hace la cuenta de inversión sin los balances?… Hay una obra de asfalto donde hay 10 millones de pesos de diferencia, invitamos al inspector de la obra y aparecieron cuatro… faltan seis… Y así hay otro montón de cosas. Nunca contesta una nota, un pedido de informes, no presenta declaraciones juradas: las irregularidades que se imaginen”.
La Terminal de Omnibus también aparece bajo la lupa: el presupuesto oficial en ese caso fue de $7.480.506 y se adjudicó en $8.952.061,20, pero se habrían pagado $11.930.820,10, como parte de un expediente que nunca pasó por el cuerpo legislativo.
El edil aclaró que “en la Justicia hay denuncias porque creemos que hay delitos, pero esto es un juicio político. Esto no es una denuncia penal, no soy juez: es un juicio político, no sé qué hace con la plata”. Recordó que el gobierno recibe unos 108 mil pesos por día derivados de las regalías petroleras.
