Burford Capital inició acciones contra Argentina. El litigio podría llegar a ser multimillonario.
Un fondo buitre que compró la quiebra de Petersen en España demandó a Argentina en Estados Unidos por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF en 2012. Se trata de Burford Capital, un estudio que busca sacar ventaja de un supuesto perjuicio en contra de la firma que pertenece a la familia Eskenazi, que quedó al borde de la liquidación luego de perder su paquete de acciones en la petrolera tras la medida adoptada por el gobierno nacional.
El litigio, uno más para Argentina en las cortes de Estados Unidos, podría ser multimillonario y agregarse a una larga lista de demandas de fondos de riesgo en contra del país.
Para entender el reclamo hay que remontarse a 2008. Entre ese año y el 2011, la familia Eskenazi, «experta en mercados regulados» según el entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, se quedó con un 25 por ciento del paquete de la petrolera.
La operación fue impulsada y avalada por el gobierno nacional.
El esquema legal para esa operación implicó la creación de dos compañías homónimas llamadas Petersen.
Ambas se hicieron con acciones que valían más de tres mil millones de dólares pagando apenas 100 millones.
El resto lo pusieron una decena de bancos y la propia Repsol, que cobraba la venta a través del giro del 90 por ciento de las utilidades a su casa matriz, una cifra muy inusual.
En 2012, el gobierno expropió las acciones de Repsol y tomó el control de la empresa.
Al prohibir el giro de dólares al extranjero, Petersen no pudo pagar sus deudas y su cuarta parte de la participación terminó confiscada por los acreedores.
Vaciada de activos, y con una deuda galopante, la empresa de Eskenazi presentó la quiebra en España y el fondo buitre Burford Capital compró ese juicio.
Ahora busca litigar en Estados Unidos alegando que el gobierno nacional no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían «los estatutos de YPF», y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993, según informó «La Nación».
No hay un monto para el reclamo, pero se presume que podría pedirse el mismo valor de mercado que tenía el 25 por ciento de acciones de Petersen antes de la expropiación, que rondaba los tres mil millones de dólares.
